La Xunta de Galicia debería tentarse la ropa antes de continuar empecinada en quitarle su hijo a una joven familia gitana de Ourense porque el niño tenga “un problema de gordura” como dicen los responsables de la Asociación Pueblo Gitano de Galicia. Y lo mismo debería hacer el Juzgado de Familia de Ourense que con evidente falta de información ha dado la razón a la Xunta en su discutible afán de demostrar que quiere al niño gordito más que sus propios padres.
La Unión Romaní, que confía en la dirección letrada del abogado del matrimonio gitano, quiere ofrecer a la opinión pública las siguientes consideraciones:
A la Xunta de Galicia
El niño no está “desamparado” como pretenden justificar los funcionarios de la Xunta. El niño goza del cariño de sus padres que, como se ha puesto de manifiesto, están destrozados ante la idea de que les quiten a su hijo. Sabemos que este es un caso donde la fácil demagogia puede florecer con facilidad por ambas partes. Nosotros no queremos hacer uso de ella. Pero debemos recordar que a lo largo de la historia han sido bastantes las ocasiones en las que las autoridades del momento han querido quitarnos a nuestros hijos “para darles una vida mejor”. Sólo hay que repasar las viejas Pragmáticas o actuaciones criminales de algunos dirigentes políticos, ladrones de nuestros hijos, en tiempos de conflicto o de dictaduras. La más reciente, descubierta y sentenciada en 1973, ocurrió en Suiza donde se secuestraba a los niños gitanos ―"Kinder der Landstrasse"― para entregarlos a familias “payas” que se les suponía que les educarían mejor.
Se dice que la salud del niño corre riesgo por su sobrepeso. No lo dudamos. Y hacen bien los funcionarios de la Xunta en preocuparse por la salud del niño. Pero no podemos evitar manifestar que nos gustaría ver el mismo empeño en lograr que otros niños gitanos gallegos tuvieran garantizado su derecho a la salud cuando estas criaturas andan medio desnudas y descalzas, malviviendo en infraviviendas en las afueras de las grandes ciudades. ¡Sarcasmos de la vida! La Xunta quiere quitarle el niño gordito a sus padres mientras el hambre física, la miseria, el desempleo, la persecución de los vendedores ambulantes, es una realidad sangrante entre la población gitana de Galicia y de muchos otros lugares de España.
No hay necesidad de quitarle el niño a sus padres. Esa solución es demasiado fácil y demasiado drástica. A nosotros se nos ocurren muchas otras pero basta con recordar lo que dicen estos atribulados y temerosos padres: que les concedan ayuda y asesoramiento para educarlo y ayudarle a controlar su peso. Hoy el niño gordito es un niño feliz junto a sus padres. Nosotros creemos que no es necesario romper esa felicidad para aplicar medidas eficaces que controlen su alimentación.
A las autoridades judiciales
Gracias a Dios la democracia reinstalada en España nos ha traído un Estado garantista donde las disposiciones judiciales no sólo pueden ser criticadas sino abiertamente combatidas mediante los medios que el propio Estado pone al alcance de los ciudadanos. Así debemos manifestar nuestra primera disconformidad con el Juzgado de Familia de Ourense que dictaminó muy a la ligera, en nuestra opinión, la separación del niño de sus padres. Una medida tan drástica sólo puede ser tomada en casos extremos y cuando razonablemente se han agotado todas las medidas alternativas. Posiblemente en esta disposición judicial no se den todas las circunstancias suficientes para actuar tan expeditivamente, por lo que entendemos que posiblemente se haya violado el derecho del niño a estar con sus padres, tal como reconoce la Ley de Protección Jurídica del Menor y la Convención de Derechos del Niño.
De todas formas, la protección del niño no se agota recurriendo al ordenamiento jurídico vigente en cada momento. La protección del menor y de la familia tiene relación directa con muchos otros campos del derecho ―penal, laboral, social, etc.― y de fuera del derecho. La profesora Linacero de la Fuente ha manifestado que la tutela de la institución familiar no se limita exclusivamente al ámbito civil, (…) el incremento de la sensibilidad social hacia los problemas de la familia y, en particular, de los integrantes del grupo familiar especialmente desprotegidos (menores, mujeres víctimas de violencia de género, personas mayores, discapacitados...) va acompañada de la convicción clara de que los instrumentos legales son insuficientes y es preciso el recurso a otros medios o disciplinas extrajurídicas.
El Juzgado de Familia de Ourense ha actuado al pie de la letra agarrándose a la modificación hecha en la Ley la 21/1987, de 11 de noviembre que catalogó de anticuado el concepto de abandono para sustituirlo por la institución del desamparo. De esta forma ha agilizado el procedimiento permitiendo la asunción automática, por parte de la entidad pública competente, de la tutela del menor. Pero no ha calibrado en su justa medida lo que la aplicación de esta medida representa para nosotros, los gitanos. El niño de Ourense no está desamparado. Sus padres le quieren tanto que estarían dispuestos a dar la vida por él. Con las excepciones que se quiera el magistrado de Ourense desconoce lo que significan los niños en el seno de nuestra familia. Se nos podrá acusar de muchas cosas, pero nunca de abandonar o desamparar a nuestros hijos.
La Ley Orgánica 1/1996, de 15 enero de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su Disposición final undécima modifica el artículo 177 del Código Civil e introduce el concepto «ser escuchado si tuviere suficiente juicio». En este apartado de la norma, que se refiere a los procedimientos de adopción, se dice que el Juez deberá oír al menor de 12 años si tuviere suficiente juicio. Aquí no se trata de dar en adopción a un niño abandonado por su familia. Se trata de apartar a un niño de sus padres que no quieren separarse de él. ¿Ha oído el Juez de Familia de Ourense al niño gordito? Nos gustaría que le oyera en el momento en que la policía lo arrebate de los brazos de su madre.
La Fiscalía de Ourense ha interpuesto una querella criminal contra los padres del niño.
Esto sí que es un despropósito. La Fiscalía interponiendo una querella criminal. No nos extraña después de oír las desafortunadas manifestaciones efectuadas por el Fiscal Jefe de Ourense. Son declaraciones prepotentes, fuera de lugar y de contexto. “Nadie está por encima de la Ley” ha dicho. ¿Nadie? ¿De verdad, nadie? O acaso quien está por encima de la ley es esta desdichada pareja que llora desconsoladamente porque le quieren arrebatar a su hijo? Que eche un vistazo a su alrededor. ¿Cuántos están cayendo ―siendo ricos y poderosos― porque han estado viviendo y actuando por encima de la ley? ¿Ya los han detenido a todos? Seguramente. Ahora, dice la fiscalía, ―que ha hecho una valoración “meditada y pausada”― procede actuar criminalmente contra los padres gitanos para que no olviden que “todos están bajo el imperio de la Ley”. Y si no ha quedado claro, añade: “Como nadie está por encima de las leyes, el Ministerio Fiscal tiene la obligación de interponer esta querella criminal”. Pero añade, en un afán justiciero al servicio de la Administración que ya nos gustaría ver en otros terrenos de la vida política, económica y social del país: “La Fiscalía no está dispuesta a que se desoiga la resolución de la Administración”.
A nuestro parecer la legalidad no se mide exclusivamente por la aplicación de determinados preceptos recogidos en nuestro ordenamiento porque tengan la apariencia de haber sido infringidos. La legalidad va más allá y necesita ser aplicada bajo el principio básico de la equidad. La legalidad, la eficiencia y la equidad son las tres variables que la doctrina ha consagrado como fundamento de la legitimidad administrativa. A nuestro parecer, puede ser que la actuación de la Administración queriendo arrebatar al niño del hogar de sus padres sea legal. Pero sin ningún género de dudas afirmamos que de eficaz no tiene nada y que de la equidad, a la hora de ser fuertes con los más débiles, vale más no hablar.
Desde la Unión Romaní, organización de los gitanos españoles, representada ampliamente en Galicia, queremos hacer un llamamiento a la cordura, a la compasión y a la eficacia. Cordura para que la Administración entienda que se puede equivocar y no desoiga las voces de quienes proponen soluciones alternativas a la de quitarle el niño a sus padres. Compasión para que unos y otros, Administración y Justicia, no aumenten el dolor de unos padres que viven en la pobreza, ignorantes de tantas cosas, y que no quieren nada malo para su hijo. Y eficacia para hacer las cosas como Dios manda, sin acorralar a unos padres ignorantes argumentando que “todos están bajo el imperio de la Ley” porque bajo el imperio de la Ley se han cometido y se siguen cometiendo en España delitos que ni por asomo se pueden comparar con el que la celosa Fiscalía de Ourense pretende endilgar a los pobres padres del niño gordito.
Por la Junta Directiva de la Unión Romaní
JUAN DE DIOS RAMIREZ-HEREDIA
Abogado y periodista
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