DE LOS SALVOCONDUCTOS A LA GRAN REDADA: CUANDO EL PODER CAMBIÓ LA PLUMA POR LA CADENA
Hay historias que necesitan imaginación para ser contadas.
Y hay otras que tienen la mala costumbre de conservarse en los archivos.
La historia del pueblo gitano en España pertenece a las segundas.
El 12 de enero de 1425, en Zaragoza, el rey Alfonso V de Aragón, conocido como el Magnánimo, expidió un salvoconducto a favor de don Juan de Egipto Menor. El documento se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón. No es una tradición oral, no es una leyenda, no es una reconstrucción romántica hecha siglos después.
Es un documento de la Cancillería Real.
Y conviene leer lo que dice.
El rey ordena a sus gobernadores, jueces, vegueres, bailes y demás oficiales que permitan a don Juan y a quienes lo acompañan andar, permanecer y transitar libremente por sus tierras. Debían protegerlos a ellos y sus bienes, y proporcionarles incluso paso y escolta segura si lo solicitaban. El salvoconducto tenía una vigencia de tres meses.
Hay algo casi poético en aquella orden.
Un rey medieval diciendo a sus funcionarios:
Déjenlos pasar. No los molesten. Protégéanlos.
Y resulta que se trataba de gitanos.
Aquí empieza la primera contradicción de esta historia.
Porque durante demasiado tiempo se nos ha contado que el pueblo gitano apareció en España como una especie de accidente humano, sin nombre, sin autoridad, sin historia y sin relación alguna con el poder.
Pero el archivo cuenta otra cosa.
El primer gitano cuya presencia en la Península está documentada aparece encabezando un grupo y protegido por un salvoconducto real.
La historia oficial puede tener mala memoria.
Los documentos, por suerte, suelen tener mejor.
Y junto a don Juan aparece don Tomás de Egipto Menor, identificado en la documentación como conde. El Archivo de la Corona de Aragón conserva incluso el requerimiento de Alfonso V al Justicia de Alagón para que procurase la devolución de unos perros que habían sido robados a Tomás.
Sí.
Hasta unos perros robados han dejado huella en los archivos.
Mientras que durante siglos la presencia, el sufrimiento y la resistencia de todo un pueblo apenas encontraron sitio en los grandes relatos de la historia.
Qué ironía.
La historia oficial consiguió conservar el expediente de unos perros y durante mucho tiempo dejó a los gitanos prácticamente fuera de sus páginas.
Pero los documentos fueron apareciendo.
Y detrás de los documentos apareció un pueblo.
Un pueblo que caminaba.
Que comerciaba.
Que peregrinaba.
Que tenía familias.
Que tenía autoridades.
Que tenía relaciones con los poderes de su tiempo.
Y que, sobre todo, tenía algo que después el poder intentaría quitarle: el derecho a seguir siendo él mismo.
Porque aquel primer momento de acogida no duró eternamente.
La relación cambió.
La curiosidad se convirtió en sospecha.
La sospecha se convirtió en prejuicio.
El prejuicio se convirtió en ley.
Y la ley terminó convirtiéndose en persecución.
En 1499 llegaron las primeras pragmáticas contra los gitanos en Castilla. Después vendrían muchas otras disposiciones destinadas a controlar su movilidad, sus oficios, sus asentamientos, sus costumbres y hasta aquello que podían o no podían conservar de su identidad.
Aquí aparece una de las grandes preguntas filosóficas de nuestra historia:
¿Cuándo deja un Estado de intentar convivir con un pueblo diferente y empieza a intentar fabricar otro pueblo a su medida?
Porque una cosa es convivir.
Otra muy distinta es exigir que para convivir tengas que dejar de ser quien eres.
Y esa diferencia atraviesa cinco siglos de historia gitana.
No fue una persecución de un día.
Fue una maquinaria.
Una ley detrás de otra.
Una prohibición detrás de otra.
Una sospecha convertida en norma.
Hasta que llegamos al siglo XVIII y a la monarquía borbónica.
Y aquí la historia deja de tener solamente sombras.
Aquí aparece la oscuridad.
En 1749, durante el reinado de Fernando VI, se puso en marcha la llamada Gran Redada, también conocida como Prisión General de los Gitanos.
La operación fue preparada en secreto. El 30 de julio de 1749 se ordenó detener a los gitanos y gitanas en diferentes lugares de España, sin distinción de sexo o edad. Hombres, mujeres y niños fueron apresados y separados.
No estamos hablando ya de una simple política de asimilación.
Estamos hablando de una operación de Estado contra una población definida por su pertenencia al pueblo gitano.
Y aquí es donde la investigación de Antonio Gómez Alfaro adquiere una importancia extraordinaria.
Su obra La gran redada de gitanos: España, la prisión general de gitanos en 1749, publicada en 1993, fue fundamental para recuperar del olvido aquel episodio y reconstruirlo a partir de la documentación conservada.
Gómez Alfaro hizo algo que la historia oficial parecía haber olvidado hacer:
preguntar dónde estaban los gitanos cuando España estaba escribiendo su historia.
Y encontró los documentos.
Después llegó Manuel Martínez Martínez, que continuó y amplió esa investigación. Y aquí conviene reconocer su aportación con claridad.
Martínez no se limitó a repetir lo ya conocido.
Profundizó en lo que había detrás de la Redada y en lo que vino después: el proyecto de exterminio, el cautiverio, la separación de hombres y mujeres y los destinos a los que fueron enviados los detenidos. También dedicó una investigación específica a las mujeres gitanas, mostrando no solamente su sufrimiento, sino también su rebeldía y resistencia durante el cautiverio.
Y esa palabra importa:
resistencia.
Porque existe una vieja costumbre historiográfica de presentar a los pueblos perseguidos únicamente como víctimas.
Pero un pueblo no sobrevive cinco siglos de persecución solamente porque otros tengan compasión de él.
Sobrevive porque resiste.
Porque recuerda.
Porque transmite.
Porque educa a sus hijos.
Porque conserva su cultura cuando se la intentan arrancar.
Porque, incluso cuando el Estado decide que debe desaparecer, alguien sigue diciendo:
Aquí estamos.
La Gran Redada pretendió romper precisamente eso.
Separar a los hombres de las mujeres.
Romper las familias.
Impedir la reproducción y la continuidad comunitaria.
Convertir un pueblo en individuos aislados que pudieran ser controlados más fácilmente.
Y ahí aparece la verdadera dimensión del proyecto.
No era solamente encerrar personas.
Era intentar romper la continuidad de un pueblo.
Pero fracasaron.
Y quizá esa sea la mayor ironía de todas.
El Estado tenía soldados, cárceles, órdenes, ministros, funcionarios y decretos.
El pueblo gitano tenía memoria.
Y la memoria terminó sobreviviendo a los decretos.
Por eso hoy podemos reconstruir aquella historia.
Por eso podemos hablar de don Juan de Egipto Menor.
De don Tomás.
Del salvoconducto de 1425.
De aquellos primeros grupos que recorrieron la Corona de Aragón.
De las pragmáticas.
De la persecución.
De Fernando VI.
Del marqués de la Ensenada.
De la Gran Redada.
De las mujeres que resistieron.
De los hombres que sobrevivieron.
Y de los descendientes de aquellos hombres y aquellas mujeres que todavía estamos aquí.
Hay algo profundamente filosófico en todo esto.
El poder suele creer que una ley es eterna porque la escribe con tinta oficial.
Se equivoca.
La ley puede durar cien años.
La memoria puede durar quinientos.
El poder puede cerrar una cárcel.
Pero no puede encarcelar para siempre la memoria de quienes estuvieron dentro.
Y aquí es donde la historia de don Juan de Egipto Menor adquiere todo su significado.
Porque entre aquel 12 de enero de 1425 y la noche del 30 de julio de 1749 hay más de tres siglos de historia.
Tres siglos en los que se pasó de:
“Dejadles pasar.”
a:
“Detenedlos.”
Esa es la línea que debemos mirar.
Primero fue el salvoconducto.
Después la sospecha.
Después la ley.
Después la persecución.
Y finalmente la cadena.
Pero hubo algo que nunca consiguieron encadenar completamente:
la identidad.
Y quizá por eso esta historia molesta todavía.
Porque obliga a hacerse una pregunta que ningún archivo puede esquivar:
¿Cómo puede un Estado que un día protegió a un pueblo terminar intentando destruirlo?
La respuesta no está en los gitanos.
Está en la enfermedad del poder cuando confunde la convivencia con la obediencia.
Cuando piensa que la diversidad es un problema que debe corregirse.
Cuando cree que la diferencia necesita permiso.
Y cuando termina creyendo que aquello que no puede controlar debe desaparecer.
Por eso hay que leer a Antonio Gómez Alfaro.
Y hay que leer a Manuel Martínez Martínez.
No para construir una historia de victimismo.
Sino para construir una historia con memoria, documentos y dignidad.
Gómez Alfaro ayudó a sacar la Gran Redada del silencio.
Martínez profundizó en aquel proyecto y mostró sus mecanismos, sus consecuencias y, de manera especialmente valiosa, la resistencia de las mujeres gitanas.
Entre ambos trabajos hay una lección que merece ser escuchada:
la historia del pueblo gitano no termina en el documento que ordena perseguirlo. Empieza también en la resistencia de quienes sobrevivieron.
Y aquí está la paradoja que quizá más debería incomodar a quienes todavía repiten viejos prejuicios:
Aquellos que pretendieron borrar al pueblo gitano de la historia acabaron dejando sus propias huellas en los archivos.
Y nosotros seguimos aquí para leerlas.
Ellos tuvieron decretos.
Nosotros tuvimos memoria.
Ellos tuvieron cárceles.
Nosotros tuvimos familia.
Ellos tuvieron poder.
Nosotros tuvimos resistencia.
Y cinco siglos después, aquí seguimos.
Quizá esa sea la verdadera derrota de quienes quisieron exterminarnos:
que necesitaron cientos de años de leyes para intentar acabar con un pueblo y, al final, lo único que consiguieron fue dejar constancia documental de que no pudieron hacerlo.
La historia, a veces, tiene un extraño sentido de la justicia.
Y esta vez, además, ha dejado los papeles firmados.
